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Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Arizona en oposición a la Proposición 200

La Iniciativa de la Proposición 200, “Protegiendo a Arizona Hoy,” (Initiative Protect Arizona Now, Proposition 200), es una de las medidas más controversiales que los votantes decidirán el próximo noviembre. No obstante, y a pesar del intenso razonamiento alrededor de esta iniciativa, la Proposición 200 es una fuerte representación que no hará nada por resolver los complejos problemas de migración que encara nuestro estado, ni reducirá el número de inmigrantes cruzando la frontera.

Quienes apoyan la Proposición 200 infieren que ésta es una medida necesaria para prevenir que los inmigrantes indocumentados voten o reciban beneficios de bienestar social (welfare). Sin embargo, no existe documentación sobre los profundos problemas en estas áreas, en gran parte por que las leyes actuales prohíben que los inmigrantes indocumentados voten o reciban beneficencia social.

Un análisis cuidadoso de la Proposición 200 revela que, efectivamente, ésta no hará nada por “Proteger Arizona.” Las provisiones en esta iniciativa, sin embargo, convertirán a los empleados de gobierno en criminales si no reportan a los inmigrantes indocumentados. Además, mientras que la beneficencia social no está disponible a los inmigrantes indocumentados actualmente, es incierto si otro tipo de asistencia pública tal como la policía, los servicios de sanidad, y el servicio de bomberos pueda ser negado a la gente bajo la Proposición 200, a menos que se produzca una identificación válida. Estos beneficios son derechos básicos a los cuales los seres humanos tenemos derecho, sin importar el estatus migratorio y no debe ser casual de requisitos innecesarios.

Más aún, la ley federal ya requiere que se provea a todos con atención médica de emergencia y educación, incluyendo a los inmigrantes indocumentados. Bajo la Proposición 200, no cambiarán estas condiciones. Sin embargo, un niño indocumentado que tiene el derecho de asistir a la escuela primaria, bajo esta iniciativa, con gran seguridad no podrá obtener una identificación para la biblioteca por que es un servicio público. De manera similar, el uso de parques públicos para celebraciones familiares y días de campo también pudieran ser prohibidos para aquellos que no comprueben su ciudadanía.

La Iglesia Católica reconoce que un gobierno soberano tiene el derecho a controlar sus fronteras para fomentar el bien común. No obstante, los seres humanos tienen la facultad absoluta de sus derechos básicos. En la Exhortación Apostólica del Santo Padre publicada después del Sínodo titulada, “La Iglesia en América,” apunta concretamente que la “atención debe enfocarse en los derechos de los inmigrantes y sus familias procurando el respeto a su dignidad humana, aún en los casos en que se trate de inmigración ilegal.” (Énfasis deliberado)

Todo lo anterior es conforme a la Conferencia de Obispos Católicos de Arizona en oposición a la Proposición 200. Mientras que la Proposición 200 no beneficiará el control de nuestras fronteras o resolverá los complejos problemas de inmigración en nuestro estado, si promoverá el crimen en las buenas intenciones de los trabajadores de gobierno y negará los derechos básicos de los inmigrantes indocumentados. En consecuencia, creemos que tal legislación es una política pública equívoca.

Los inmigrantes indocumentados que vienen hoy a nuestro país por razones económicas desesperadas y por la unión familiar. Estos perseverantes trabajadores son personas con una fe y devoción extraordinaria. Su convicción pro-vida y a favor de los valores familiares puede ser un gran beneficio para nuestra cultura y nuestra Iglesia. Nosotros irrebatiblemente no necesitamos “Proteger a Arizona” de estos inmigrantes, y sí tenemos la obligación de proteger sus derechos humanos fundamentales y decir NO a la Proposición 200.